Decir de lo que es, que no es, o que lo que no es, es, es falso; mientras que decir que lo que es, es, y lo que no es, no es, es verdadero. Aristóteles

A primeros del año pasado nació la Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF) con el fin de oponerse al uso de esta técnica de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas natural) por sus graves efectos reales y potenciales en el medio ambiente (aire, superficie, ríos, acuíferos, subsuelo) y, consecuentemente,  en la salud de las personas, en la flora, en la fauna y en la actividad económica tradicional rural.

El fracking también está fatalmente acompañado por la sismicidad inducida y la especulaciónen formato de burbuja económica que de esta técnica se derivan. Sin embargo,su uso está siendo promovido por políticos liberales e industria: por un lado, puede sustituir —aunque sea parcialmente y por un tiempo muy limitado— a los yacimientos convencionales de gas y petróleo, que ya están agotándose; por otro, ya se sabe que una burbuja económica es muy útil para enriquecer a los más listillos, empobreciendo al resto.

Si nos centramos en la situación del gas en Andalucía, a lo largo de la cuenca del Guadalquivirexisten licencias para almacenes de gas, para explotaciones de gas convencionales y para  investigaciones de gas por fracking. Se encuentran en las siguientes fases: 3 almacenes en explotación (18 500 ha) y 2 más en investigación (108 000 ha), 9 concesiones de explotación de gas convencional (98 500 ha), 5 permisos de investigación de fracking en marcha (105 000 ha) y 10 solicitudes, aún no otorgadas, de permisos de investigación de fracking (207 000 ha).

De los 5 permisos de investigación de fracking en marcha, 3 corresponden a la Administración autonómica  (67 000 ha en Jaén y Sevilla) y 2 a la Administración estatal (38 000 ha en Cádiz). Los operadores a los que se ha concedido estos permisos son empresas dedicadas al fracking (la española Oil& Gas Capital y la norteamericana SchuepbachEnergy). La autorización de los 10 permisos de investigación defracking aún no otorgados (207 000 ha en Sevilla, Córdoba y Jaén) corresponden a la Administración autonómica.

Durante el año y medio de trabajo de la PALF, se han impartido decenas de charlas y jornadas de formación —para sensibilizar a la ciudadanía y a las organizaciones sociales—sobre los riesgos del uso de esta técnica, se han realizado todo tipo de manifestaciones y concentraciones en su contra, y se ha incidido políticamente en partidos y grupos parlamentarios.

Estas acciones han tenido sus frutos:en este corto período de tiempo se han extinguido 8 permisos de investigación de fracking (457 000 ha en Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén) por renuncia o desistimiento de sus operadores, además de sucederse declaraciones contra el frackingpor parte de partidos políticos y administraciones públicas andaluzas.

Ilustra Daniela Marzolo

Las declaraciones contra el fracking

Decenas de ayuntamientos andaluces y mancomunidades afectadas han declarado su municipio libre de fracking y se han comprometido a impedir, desde sus competencias municipales, el uso de esta técnica. Las diputaciones de Sevilla, Huelva y Jaén también se han unido. Además, el Parlamento andaluz ha aprobado un par de declaraciones —en formato de proposición no de ley— en sendas comisiones parlamentarias (en junio y octubre del año pasado), que declaraban a Andalucía como «tierra libre de fracking», a la vez que pedían la suspensión de los permisos en marcha, la no concesión de nuevos permisos y el desarrollo de una ley de prohibición del fracking.

En todas estas declaraciones, PSOE, IU, PA y EQUO se han manifestado a favor y PP (con alguna excepción municipal) en contra. Del mismo modo,Gobierno andaluz se ha pronunciado en contra del uso del fracking en Andalucía[1]. Por el contrario, ha habido múltiples manifestaciones del Gobierno estatal a favor del uso de esta técnica.

En mayo pasado, días antes de las elecciones europeas, cerca de 20 partidos políticos —entre ellos, PSOE, PCE, EQUO y Podemos— firmaron una nueva declaración en el Congreso de los Diputados de Madrid. Contrajeron la obligación de prohibir la técnica de extracción de gas natural del subsuelo por fracturación hidráulica en caso de contar con la mayoría parlamentaria suficiente en futuras elecciones. Días después, la Izquierda Plural presentó una propuesta de ley de prohibición del frackingque fue apoyada por el PSOE y que no salió adelante por la mayoría popular de la cámara.

Pasando de la palabra a los hechos

Algunas comunidades autónomas—como Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña— han legislado, en uso de sus competencias, la prohibición del fracking en su Comunidad y la suspensión de los permisos vigentes. Todas estas leyes han sido recurridas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que ha declarado su suspensión cautelar. La primera de ellas, la cántabra, acaba de anulada en junio pasado, al considerar que vulnera la Ley de Hidrocarburos y que una ley autonómica no puede vaciar las competencias del Estado en materia de hidrocarburos.

El Gobierno de Cantabria (por cierto, del PP) ya ha anunciado que seguirá oponiéndose al uso de esta técnica ya que, si la sentencia cierra puertas, abre algunos resquicios en las ventanas. Usarán las potestades legislativas cántabras en materia de medio ambiente, protección de la salud y ordenación del territorio y urbanismo. Y no solo en la Administración autonómica, también en las Administraciones municipales.

En Andalucía se da el único gobierno de mayoría de izquierdas (PSOE e IU) de las Administraciones autonómicas del Estado. Aquí, el mes pasado, IU registró una proposición de ley en el Parlamento andaluz para la prohibición del frackingy la suspensión de los permisos en vigor, pasando así por primera vez, en Andalucía, de las palabras a los hechos.

¿Cuál ha sido la reacción del PSOE ante este hecho? Pues se ha desdicho de sus compromisos, se ha manejado con su habitual ambigüedad y ha anunciado otra proposición de ley que plantea una moratoria de dos años, «que podrá ser prorrogada mientras no existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza, que la utilización de esta técnica no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medio ambiente en general» [sic].

En este contexto, es importante que la ciudadanía andaluza sea consciente de que, en cualquier momento, las investigaciones de fracking en curso podrían demostrar rentabilidades económicas suficientes a los operadores como para pedir la concesión de explotación —que concede, según la Ley de Hidrocarburos, el Gobierno del Estado—, lo que garantizaría su autorización inmediata y el comienzo del fracking en Andalucía.

Solo la continua sensibilización y la movilización ciudadana pueden garantizarnos un futuro libre de fractura hidráulica, una técnica aberrantemente cara, peligrosa y contaminante.