El día 30 septiembre a las 19:30 horas tendrá lugar una manifiestación desde la Glorieta de las Ciudades de Hiroshima y Nagasaki (Jardines de los Patos) hasta la subdelegación de gobierno.

Diferentes colectivos de todo el espectro asociativo cordobés nos hemos unido para convocar una movilización que condene los abusivos e injustificados incrementos de precio del suministro de energía eléctrica que estamos soportando desde el pasado mes de enero y que este verano se han acentuado, llevando el megavatio hora hasta los 150 euros de forma reiterada.

Esta situación no responde a lógica de mercado alguna, sino a una estrategia del lobby energético para, aprovechando los desajustes de un sistema eléctrico regulado a su medida y aprovechando igualmente la condición de oligopolio que el lobby detenta, provocar subidas del suministro de forma artificial buscando únicamente maximizar los beneficios que históricamente vienen acumulando. Buena prueba de ello es que en repetidas ocasiones el precio máximo del megavatio hora lo ha marcado el precio de la hidroeléctrica, algo completamente incomprensible en este tipo de centrales, que se encuentran prácticamente amortizadas y que explotan un bien público como es el agua.

Los colectivos convocantes rechazamos rotundamente las justificaciones defendidas por el lobby achacando la subida de precios al incremento del precio del gas y de los derechos de emisiones de CO2. Esta circunstancia podría justificar el precio de la energía suministrada por este tipo de centrales, pero la realidad es que, por una irracional regulación del mercado eléctrico, estos precios alcanzan también a la energía suministrada por las centrales nucleares, las renovables y la hidráulica, que se encuentran de esta manera con lo que de forma muy descriptiva en el sector de la energía se conoce como “beneficios caídos del cielo”.

La repetida subida de precios que estamos soportando solo puede ser atribuida a la voracidad de un sector que defiende el libre mercado pero que no se regula por la ley de la oferta y la demanda, pues incrementa sus precios incluso en periodos de inferior consumo, como los fines de semana, algo que se ha repetido tanto en agosto como en septiembre, demostrando que tanto la ciudadanía como las administraciones somos rehenes del lobby energético, que se aprovecha de un marco regulatorio elaborado, como antes hemos afirmado, a la medida de sus intereses.

Para evitar que esta situación se repita es necesaria una intervención inmediata y contundente del gobierno de España, al que exigimos la adopción de medidas que impidan que sectores estratégicos de la economía estén ajenos al control del estado, y de manera inmediata:

• Regulación del mercado eléctrico para evitar estos abusos.
• Fijación de precios máximos a la energía procedente de centrales hidroeléctricas, una energía que usa un bien público —el agua— y cuyas infraestructuras están prácticamente amortizadas en la mayoría de los casos.
• Reversión de las concesiones de la explotación de presas al estado una vez caduquen dichas concesiones.
• Establecimiento de precios fijos a la energía suministrada por las centrales nucleares.
• Creación de una empresa pública de energía que pueda intervenir en el sector arbitrando y moderando los precios.
• Máximo apoyo a la implantación de energías renovables, apostando por el autoconsumo, los proyectos de tipo comunitario y la generación distribuida y evitando que las mega centrales de renovables ocupen terrenos agrícolas, con calificación ambiental o con fuertes afecciones paisajísticas.

Rechazamos por otra parte las razones esgrimidas por el gobierno de España para justificar la timidez de las medidas adoptadas para detener el fraude. No sirve el argumento de que hay que atenerse al marco regulatorio europeo, pues con toda seguridad este marco regulatorio no permite el fraude y la usura de las empresas que vacían los pantanos para llenar las cuentas corrientes de sus accionistas. El gobierno debe encontrar la fórmula de intervenir en el mercado evitando precios abusivos y recordamos a este respecto que hay directivas europeas que permiten que los Estados miembro pueden intervenir las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores más vulnerables y están obligados a garantizar una competencia efectiva, lo que no ocurre en un mercado dominado por el oligopolio.